La Audiencia Provincial de León ha absuelto a un administrador de los delitos de falsedad en documento oficial y apropiación indebida, al considerar que no ha quedado acreditado ni el engaño penalmente relevante ni la existencia de un perjuicio económico ilícito para la entidad denunciante.
La sentencia, dictada el 9 de enero de 2026 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, resuelve el procedimiento seguido contra el acusado a raíz de una denuncia relacionada con la gestión de una fundación y de una sociedad mercantil creada para el desarrollo de su actividad.
El origen del procedimiento
El acusado había sido procesado por presuntos delitos de falsedad documental y apropiación indebida, al entender las acusaciones que habría simulado una relación laboral y dispuesto de fondos de la entidad sin autorización, causando un perjuicio económico relevante.
El Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaban penas de prisión, multa, inhabilitación y una elevada indemnización en concepto de responsabilidad civil.
Los hechos probados
La Audiencia Provincial analiza de forma exhaustiva la prueba practicada y declara acreditado que el acusado fue la persona que, de forma efectiva y continuada, gestionó y dirigió la actividad de la entidad desde su creación, asumiendo tareas de administración, contratación, relaciones bancarias, gestión fiscal y dirección empresarial.
El tribunal constata que dicha actividad fue conocida y consentida por el resto de responsables de la entidad, así como reflejada de forma reiterada en documentación oficial, registros mercantiles y declaraciones ante la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
La valoración jurídica
La Sala concluye que no se ha acreditado la concurrencia del dolo exigido para los delitos imputados, ni que el contrato laboral cuestionado alterase la realidad jurídica de forma penalmente relevante. Tampoco aprecia la existencia de un enriquecimiento injusto o de una apropiación indebida de fondos.
En este sentido, la sentencia subraya que, aunque puedan existir controversias en el ámbito civil o mercantil, los hechos enjuiciados no alcanzan la gravedad necesaria para ser sancionados penalmente.
Absolución y costas
En consecuencia, la Audiencia Provincial acuerda la absolución del acusado de todos los delitos de los que venía siendo acusado y declara de oficio las costas procesales.